LA TERCERA

MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,

MANUEL CANDAMO,

AL CONGRESO NACIONAL, EL 11 DE SETIEMBRE DE 1903

Honorables Representantes:

Sean mis primeras palabras, al asumir el mando que me ha conferido la voluntad nacional, para dar gracias al Todopoderoso por haberse realizado al fin tranquila y legalmente en la República, dos trasmisiones sucesivas del Mando Supremo y para rogarle nos conceda perpetua paz con todas las naciones a quienes en nombre del Perú dirijo cordial y amistoso saludo.

El Gobierno que hoy se inaugura se esforzará ante todo por conservar y fortalecer las buenas relaciones que con ellas mantiene la República, y a ese fin hará cuanto esté de su parte para que tengan pronto y conveniente término las cuestiones internacionales pendientes y las que más tarde puedan surgir, dispuesto siempre a apelar para la solución de aquellas cuyo arreglo directo ofrezca graves dificultades al medio que para tales casos impone la corriente de las ideas modernas, al que más garantías ofrece de que el derecho sea reconocido y la justicia acatada, y al cual el fuerte y el débil pueden recurrir sin desdoro ni temor de daño inmerecido; al medio del arbitraje, que recientemente evitó la gran calamidad de la guerra entre dos Repúblicas americanas, y que está llamado a regir como principio obligatorio entre todas las de este continente.

Deber de los gobiernos y de cuantos puedan influir de alguna manera en su marcha política es favorecer y procurar, con perseverancia y con fe que satisfaga aquella noble aspiración; que tan elevado pensamiento, convertido en solemne pacto, llegue a ser en breve consoladora realidad; y para mí sería la mayor y más pura gloria que puedo ambicionar asociar mi nombre, como mandatario del Perú, al venturoso acontecimiento que evitando para siempre la guerra entre los pueblos de América, contribuirá grandemente a su bienestar y progreso, y a que en el curso del presente siglo alcance un alto grado de prosperidad.

Abrigo la grata esperanza de que no terminará el periodo constitucional que en este día se inicia, sin que se haya realizado esa valiosa conquista, pues lo ocurrido en el Congreso Pan-Americano de México y la corriente de opinión producida ya en sentido de la solidaridad y confraternidad americanas, revelan no sólo que ella no es vana utopía, si no que se acerca el momento en que quedará consumada; en todo caso el Gobierno cooperará a ello con toda decisión, y esa será labor preferente de nuestra Cancillería.

Llegó al poder tras larga lucha que exacerbó las pasiones políticas y tuvo al país alarmado con la expectativa de violentas y dañosas soluciones, pero que afortunadamente no llegó a tan deplorable extremo por la prudencia y sensatez con que los partidos contendientes adoptaron honroso acuerdo para dejar que prevalecieran los mandatos de la ley, el interés del Estado y  la manifiesta voluntad de la nación; y de allí que a la hora presente la paz y el orden imperen en toda la República.

El País está resuelto a no dejarse arrebatar esos grades bienes; el Gobierno se los defenderá con firmeza y, cuando sea menester, con severidad, y yo, por mi parte, contribuiré a conservárselos procurando que se restablezca la concordia entre los que tan tenazmente combatieron por el predominio político; desechando todo ingrato recuerdo de la pasada lucha; y no viendo en los amigos y en los adversarios de ayer sino sus aptitudes, sus merecimientos y su decisión de cooperar lealmente a la obra de mejoramiento nacional, emprendida con laudable celo por los dos últimos gobiernos y que empeñosamente continuará el que voy a presidir.

Para contribuir a ella no es necesario en manera alguna que los partidos políticos se abstengan de combatir por el triunfo de sus principios o de sus intereses; pero sí es indispensable que el campo en que se libre el combate quede circunscrito con las prescripciones de la ley y, muy especialmente, por el acatamiento sincero a los preceptos constitucionales que determinan y limitan las facultades y atribuciones de cada uno de los tres Poderes del Estado, y establecen la base de la armonía entre ellos.

Anhelo vivamente gobernar de acuerdo con las Cámaras, y mucho deploraría que, a pesar de mis esfuerzos, se perturbaran las buenas relaciones del Ejecutivo con alguna de ellas, lo cual no podrá ocurrir sino como incidente pasajero, si por ambas partes se cumplen con sinceridad y estrictez aquellos preceptos constitucionales, no se invocan principios no consignados en nuestra legislación política y ajenos a nuestro sistema de gobierno.

Sin embargo, reconozco que en determinados casos, del género de desacuerdos a que quiero referirme, es al Ejecutivo a quien corresponde proceder con ductilidad y espíritu conciliador, porque a nadie corresponde ni conviene tanto como a él, evitar que se produzcan situaciones embarazosas, como las originadas por semejantes desacuerdos, que no pueden mantenerse sin serias dificultades y, aún a veces sin graves perturbaciones, y porque, además, no sería prudente negarse en toda eventualidad a transigir con ciertos hechos impuestos por una poderosa corriente de ideas que tienden a regir en la práctica.

Durante los ocho últimos años nuestras instituciones políticas han venido cimentándose, y si bien sería aventurado afirmar que su estabilidad está por completo garantida, puede sí abrigarse la consoladora creencia de que la idea y el sentimiento de la necesidad de la paz interna, hondamente arraigados en los espíritus les sirven de poderoso resguardo, y no se hallan tan expuestas como en otros tiempos a los embates del funesto caudillaje.

En el curso de esos ocho años el país ha adelantado notablemente; se han realizado en todo orden importantes reformas; las instituciones militares han recibido grandes mejoras y el Ejército poco deja que desear en cuanto a instrucción y disciplina, y nada en cuanto al noble y elevado espíritu de que está poseído; en las rentas fiscales se ha operado un movimiento de incremento sucesivo; la producción nacional y el comercio exterior han aumentado; se han establecido nuevas industrias y desarrollado las preexistentes; y, en general, la nación ha reportado los beneficios consiguientes a un régimen político de libertad y eficaces garantías, de labor útil y moralidad administrativa.

El nuevo Gobierno conservará y proseguirá la obra de sus dos antecesores; y confía en que el Congreso no le negará el concurso necesario para ello.

No se presenta ante el país con programa fascinador, ni pretende inspirar seductoras esperanzas; pero sí declara que en ningún caso se desviará de la senda trazada por la ley y que sus medidas no se inspirarán sino en consideraciones de bien público.

En breve solicitaré ese concurso para llevar adelante dos reformas exigidas por la opinión pública e imperiosamente reclamadas por elevadas consideraciones de moralidad pública y social, la de la ley electoral y la de imprenta.

La ley electoral, a más de que contiene disposiciones inadecuadas al estado del país, según lo han comprobado las pocas aplicaciones que ha tenido hasta hoy, fomenta y estimula, en cierto modo, esa tendencia a transgredir las leyes, ese menosprecio por su carácter obligatorio que, por desgracia, va haciéndose habitual entre nosotros y constituye grave daño, que es preciso remediar sin tardanza.

La ley de imprenta es un cartel de permanente descrédito para la República. Una ley a la cual, por una causa u otra, no se le da, no se le puede dar jamás el debido cumplimiento y que por esa razón consigna tácitamente el principio de la absoluta libertad sustentada por la absoluta irresponsabilidad, es una aberración inconcebible que no debe, que no puede subsistir por más tiempo.

En su último Mensaje al Congreso, mi distinguido antecesor, que ha tenido inquebrantable respeto por la libertad de imprenta, se expresó con merecida severidad sobre el alarmante extremo a que ha llegado el abuso que, con vergonzoso escándalo, está haciéndose de esa valiosa garantía, e invocó con vehemencia la necesidad de expedir una nueva ley, necesidad que, por mi parte, trataré de satisfacer, remitiendo, con tal fin, un proyecto a las Cámaras en el curso de la presente Legislatura.

En el orden económico, las Cámaras y el Ejecutivo deben consagrarse, de toda preferencia, al estudio concienzudo de las cuestiones referentes a vías de comunicación, irrigación de terrenos de la costa e inmigración extranjera, a fin de darles soluciones prácticas, compatibles con las circunstancias del país y los recursos del erario. A ellas están en gran parte vinculados el desarrollo de las industrias, el aumento de la riqueza y el progreso nacional; y son ellas las que, en el día, interesan más vivamente a la opinión pública, fatigada ya de estériles agitaciones políticas, y ansiosa de que la nación aplique sus fuerzas a empresas útiles que nos hagan adelantar y prosperar.

Son igualmente asuntos de altísima importancia, y que los Poderes Públicos deben considerar con la mayor solicitud, la educación industrial y, particularmente, la enseñanza de las artes mecánicas en planteles destinados a ese exclusivo objeto, y de los cuales no puede carecer ningún país, regularmente organizado.

Me propongo solicitar, por de pronto, la autorización legislativa correspondiente para establecer en la República, una escuela de artes y oficios, con arreglo a los adelantos modernos, haciendo venir de Europa el director, los profesores y el material necesario para ello.

El presente periodo constitucional se inicia bajo favorables auspicios, y todo hace esperar que, durante él, la República seguirá marcha tranquila y ordenada, consagrada a las fecundas labores de la paz. A mi Gobierno no le ha cabido la mala fortuna que tuvo él de mi honorable antecesor, de comenzar sus funciones dedicando de preferencia su atención, los recursos y el crédito del fisco, a debelar los movimientos subversivos que en diversos puntos del territorio habían estallado. A pesar de esa y otras dificultades que posteriormente se le presentaron; logró que se conservara incólume el régimen constitucional, y hoy, cumplido su periodo de mando, se retira a su hogar, tranquila la conciencia, acompañado del respeto y la estimación de sus conciudadanos.

Honorables Representantes:

La fuerza de acontecimientos desarrollados en una serie de años, más que ambición de mi parte, me han conducido al alto puesto en que hoy me veo colocado. En el camino que he recorrido para llegar hasta él, no ha caído ni una sola mancha de sangre, ni ha quedado ley alguna atropellada; y eso produce en mi alma satisfacción tan profunda como lo es mi gratitud a la nación por la grande prueba de confianza que ha querido conferirme.

Corresponderé a ella lealmente, consagrando todas mis fuerzas al cumplimiento de mis deberes, y aceptando con resolución todas las responsabilidades que me sea necesario asumir en defensa de la dignidad y fueros de la primera magistratura y de los intereses del Estado; y así, cuando vencido el periodo de ley venga a devolveros la insignia que acabáis de entregarme, si bien no habré dejado huella profunda de mi personalidad en la vida del Perú, traeré al menos el consuelo de haber hecho, en servicio de la patria, cuanto me haya exigido mi conciencia y me hayan permitido mis facultades.